El Gobierno justificó la medida a partir de considerar que
las retenciones desincentivaban las inversiones. Dos investigadores cuestionan
esa concepción y plantean otras consecuencias.
Claro como el agua
Por Roberto Adaro * - Mediante
el Decreto 349/2016, el presidente Mauricio Macri eliminó las retenciones a las
exportaciones mineras, que representaban para el Estado algo más de US$ 200
millones. Desde diciembre de 2007 se aplicaba un porcentaje de retención a las
ventas externas del sector a través de una disposición de Aduana, que extendía
el marco general de retenciones implementadas desde 2002, en virtud de las
ganancias extraordinarias que obtenían las mineras por el elevado precio de los
metales.
El gobierno nacional justifica la
nueva medida a partir de considerar que las retenciones han desincentivado
inversiones; pretende una comparación tributaria con Chile, Perú, Colombia y
Brasil; se justifica en la pérdida de competitividad de las pymes, y en la
potencial pérdida depuestos de trabajo. Afirma también “que la incidencia
negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha
excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”. Luego
alude al federalismo, a la reactivación de la economía y a la prosperidad del
país.
Nuestra historia económica ha
comprobado que reducir tributos no redunda en mayores inversiones y más puestos
de trabajo, sino en mayores ganancias en manos privadas; más aún tratándose de
empresas trasnacionales. Si bien las Pymes mineras son mayoría en el sector, su
participación es menor en el valor bruto de la producción y menos aún en las
exportaciones. Si los derechos de exportación percibidos por el Estado Nacional
ocasionaban un “problema federal”, quizás la alternativa era coparticiparlos,
tal como en su momento se hizo con el Fondo Federal de la Soja. No se brindan
argumentos que puedan contrastar la “incidencia negativa” de las retenciones,
versus los perjuicios directos para el Estado de una menor recaudación, en un
contexto en el que el propio gobierno justifica despidos y políticas de ajuste
en base a un supuesto déficit fiscal exagerado.
Se refuerza la matriz impositiva
regresiva –dejando más en manos de quienes ya tienen mucho– y se desfinancia el
Estado a cambio de promesas y expectativas de inversión: el gobierno concede
estos beneficios sin asegurarse a cambio nada de lo que promete, ya sean
inversiones, aumento de producción o más puestos de trabajo.
Al respecto, Barrick Gold en su
informe anual de resultados y proyecciones para 2016, menciona una reducción de
sus costos por onza de oro de US$ 946 en 2015, a US$ 900/830 para 2016, con
precios que superan los US$ 1200 por onza. La empresa destaca que la
devaluación del peso influye en la baja de sus costos, y asimismo, espera
beneficiarse del levantamiento de las restricciones a la importación. Nada dice
de nuevas inversiones.
El marco legal e institucional que
sustenta la actividad minera fue “perfeccionado” en los años noventa, de igual
modo que durante esa década se perfeccionaron las políticas económicas,
sociales y culturales de corte neoliberal, iniciadas por la dictadura. Con la
liberación y el fomento por parte del estado, del acceso a los capitales
trasnacionales en un sector estratégico como la minería, se complementaba el
llamado enfoque monetario de la balanza de pagos (EMBP). Se promueve que los
déficits del sector externo podían solucionarse por vía de la cuenta de
capitales; o sea endeudándonos cuando importábamos más de lo que exportábamos.
Así creció nuestra deuda externa. Cuando esto no fue suficiente, se
malvendieron las empresas públicas por vía de las privatizaciones. Como tampoco
alcanzó, se ofreció al capital trasnacional lo poco que quedaba: nuestros
recursos naturales, y los minerales con ellos.
Uno de los principales impulsores de
la reformas en la regulación minera durante el gobierno de Menem y funcionario
de aquel fue Daniel Meilán, actual secretario de Minería del gobierno de Macri.
El EMBP desembocó en la crisis del
2001, y sus consecuencias económicas, políticas y sociales. La eliminación de
las retenciones a la minería se enmarca en un conjunto de medidas económicas
del gobierno de Mauricio Macri que dificultan la producción industrial
nacional, recortan barreras a la importación, desfinancian al Estado, y
promueven el endeudamiento como alternativa de financiamiento. Una especie de
déjà vu menemista, que esperemos, tenga un devenir distinto de aquel.
* Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad
Centro de Investigaciones Geográficas - Unicen.
¿Es el árbol o el bosque?
Por Laura Alvarez Huwiler * - Con la cordillera nevada detrás y frente a varios
gobernadores de provincias “mineras”, entre los cuales se encontraban tanto
kirchneristas como de Cambiemos, hace tres semanas el actual presidente Macri
anunció una medida bastante inesperada: la eliminación de las retenciones a
este sector.
¿Qué hay detrás de una medida que,
lejos de cambiar, continúa y amplía los beneficios de las corporaciones
mineras? Dos cuestiones nos sirven para comprender la medida adoptada por
Macri. Los tres tributos a la minería importantes para el Estado nacional y los
provinciales son el impuesto a las ganancias, derechos de exportación
(retenciones) y las regalías. Los primeros dos los recauda el Estado Nacional,
pero el segundo no es coparticipable. El tercero, las provincias.
Según se argumenta en el decreto
macrista, la eliminación de las retenciones se debería a que el mencionado
esquema tributario “ha posicionado a la República Argentina en una situación de
pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera,
encontrándose en desventaja respecto de países como la República del Perú, la
República de Chile”. Sin embargo, según un informe de 2011, la propia Olami,
representante de los intereses empresarios mineros, afirma que “en el caso de
que las retenciones fueran del 5 por ciento implica una carga tributaria
similar a las que tienen Chile y Perú”. Por lo tanto, con el fin de las
retenciones, la tributación argentina estaría por debajo de la vigente en los
países mencionados por Macri.
Hace dos décadas que en nuestro país
rige un nuevo Código de Minería, reformado gracias a un conjunto de leyes
sancionadas en su mayor parte durante el menemismo que abundan en beneficios
para las corporaciones mineras “incluidas entre aquellos que ‘se las llevaron
con pala’, según la misma Cristina Kirchner”. Salvo en lo que respecta al
porcentaje de las retenciones, el kirchnerismo no modificó estas leyes. Y
tampoco Macri, quien más bien pone el moño al regalo de los 90.
El aumento de las retenciones decidido
por Cristina Fernández en 2007 “con sus antecedentes en los gobiernos de
Duhalde y Kirchner” respondió más a una necesidad de percibir mayores ingresos
fiscales que a una política dirigida contra el sector minero. No obstante, las
empresas llevaron el caso a la Corte Suprema de la Nación, quien dejó sin
efecto aquella disposición para varias empresas.
Pero dicho aumento no sólo fue
cuestionado por las empresas, sino también por las provincias que “no
recibirían ningún beneficio”. El argumento de algunos funcionarios provinciales
se basó, principalmente, en que las retenciones no son coparticipables. En este
sentido, la medida que acaba con el impuesto sobre las exportaciones mineras
puede verse no sólo como un guiño a las empresas sino también a los gobernadores,
en medio de la búsqueda de apoyo político del actual presidente.
Se premia así a un sector que no tiene
mayor prurito en arrasar con nuestros bienes naturales. Recordemos que,
recientemente Barrick Gold fue denunciada por haber derramado cianuro en los
afluentes del río Jáchal, en plena cordillera sanjuanina. Un estudio técnico
sobre el agua del río detectó contaminación con metales en dosis de hasta 1400
por ciento por encima de los valores tolerables y este hecho fue reconocido
incluso por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Pero mientras se sigue debatiendo en
torno a las retenciones, cientos de asambleas de vecinos autoconvocados que
vienen rechazando desde hace 15 años la instalación de los pulpos mineros (bajo
consignas como el del “agua vale más que el oro” o “el agua de Mendoza no se
negocia”) se reunirán a fines de marzo en el pueblo de Jáchal en el 26
encuentro de la UAC. Y, a diferencia de quienes se limitan a discutir la
distribución de la renta, ante el avance de las multinacionales, sus
megaproyectos mineros y los graves problemas que ocasionan, las asambleas se
convocan no sólo para rechazar las medidas adoptadas por Macri sino, y sobre
todo, para defender la autodeterminación de los pueblos y el fin de esa
barbarie a la que algunos llaman desarrollo.
¿No es hora de que, además del árbol,
se discuta el bosque?
* Magister en Sociología Económica, doctora en Ciencias
Sociales, becaria posdoctoral del Conicet, investigadora del Centro Iesac-UNQ y
del CCC.
Foto: Mina a cielo abierto "La alumbrera" - provincia de Catamarca
Fuente: Página12
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