El
gobierno retiró casi 200 pliegos de ascenso del Senado. Bajo la premisa de
profesionalizar y retirar las influencias de Milani de las FF.AA, el Ministerio
de Defensa conducido por Julio Martínez da vía libre al retorno de militares
familiares de represores para los ascensos. El ascenso de rango a familiares de
militares involucrados en crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la
dictadura cívico-militar estaba prohibido desde 2005.
Como ya hizo Macri con los pliegos de jueces para la
Suprema Corte, el Ministro de Defensa Julio Martínez retiró del Senado 56
pliegos de asenso del Ejército, 81 de la Armada y 54 de la Fuerza Aérea. Según
información publicada por Clarín desde la cartera de Defensa informan que
se acaban los vetos para los familiares
de militares vinculados a la última dictadura cívico militar. También el Centro
de Estudios Legales y Sociales no será consultado ante los nuevos asensos.
Nilda Garré, Ministra de Defensa del gobierno
kirchnerista (2005-2010), había vetado el ascenso de rango a familiares de
militares involucrados en crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la
dictadura cívico-militar que tuvo lugar en el periodo 1976/1983. La gestión de Garré al frente de Defensa también mantuvo como
objetivo la integración de las Fuerzas Armadas al proceso democrático además de la desarticulación de la Doctrina
de Seguridad Nacional (iniciativa abandonada en las siguientes gestiones de
Puricceli-Rossi) que había sido impuesta por los Estados Unidos a los países
latinoamericanos en el marco de la Guerra Fría, mediante el entrenamiento de
oficiales de distintos países de América Latina en la Escuela de las Américas,
y que siguió en vigor en Argentina largamente tras la recuperación de la
democracia, en 1983.
Según el artículo de Daniel Santoro publicado ayer en
Clarín el radical Martínez dejará que cada fuerza proponga los ascensos por
mérito y el organigrama correspondiente. “Se acabaron los congelamientos de
ascensos por portación de apellido”, se escuchó decir en el piso 11 del edificio
Libertador, en alusión a oficiales que no ascendían por ser hijos de jefes
militares de la dictadura. También se dice que el ministro quiere terminar con
el “proyecto kirchnerista de un Ejército como dijo Milani, que era parte del
proyecto nacional y popular”.
Ahora Martínez dispondrá que los legajos de los
ascendidos sean analizados únicamente por la secretaría de Derechos Humanos al
mando de Claudio Avruj, hombre fuerte del PRO, para saber si alguno tiene
vínculos con la represión ilegal”. También anunciaron que se abandonará la
práctica “informal o formal de consultar el CELS de Horacio Verbitsky” sobre
los antecedentes de los militares propuestos por considerarlo “un consejero y
aliado del kirchnerismo”.
Hasta ahora las instituciones intervinientes en el
proceso de impugnación de asensos de militares eran el Ministerio de Defensa,
la Secretaría de Derechos Humanos, la Comisión de Acuerdos del Senado y
organizaciones de la sociedad civil, como el CELS, que en los más de 30 años de
democracia fue un organismo fundamental para investigar las vinculaciones
de militares y su participación durante
la última dictadura militar. El CELS funcionó como un “filtro” democrático
basado en pruebas, testimonios y una gran cantidad de archivos. Fue la única
institución que se opuso al ascenso de Milani al grado de Teniente Coronel en
el año 2013.
De esta manera militares provenientes de familias con
participación activa en la última dictadura cívico militar (algunas con viejos
militares ya procesado y condenados), podrán volver a acceder como antes de
2005 a ascensos promocionales dentro de las fuerzas armadas nacionales,
ocupando rangos directivos. La supuesta intención de la alianza Cambiemos de
“desmilanizar y profesionalizar” las fuerzas armadas traerá aparejado el
regreso de una renovada clase militar vinculada al momento más oscuro de la
historia argentina. La eliminación de instancias claves para la conformación de
una fuerza armada democrática como la Comisión de Acuerdos del Senado y
organizaciones de la sociedad civil, como el CELS, colocan nuevamente un manto
de incertidumbre sobre la institucionalidad de procesos claves para la
reconstrucción definitiva de la democracia. Poco se podrá avanzar si se
patrocina con total impunidad el retorno triunfal de militares “manchados” a
las cúpulas de las FF.AA. Nuevamente Cambiemos demuestra como toda una política
construida en más de 10 años puede destruirse en 15 días de gobierno.
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