Por
Alejandro Romero - El violento desalojo que conmovió a la
comunidad educativa del Instituto Castro Barros dejó más que claro cuál es la
única respuesta del Gobierno para con el
reclamo de los estudiantes, y no es otra
que el uso de la fuerza, como así también el disciplinamiento institucional
que se ejerce desde los distintos
ámbitos del estado para con quienes disienten o se oponen.
Prueba de ello fue la intención inmediata de destituir a la Dip.
Lucia Ávila, quien al momento del desalojo se encontraba formando parte de un
cordón humano para proteger a los alumnos del instituto. Si bien el intento de
destitución luego fuera desestimado desde el mismo oficialismo, por no contar
con pruebas para iniciar el proceso,
sirve de ejemplo de cómo se ejerce la política cuando se ha perdido la
legitimidad.
A pesar de la distorsión y
los intentos de minimizar el conflicto,
por parte de los medios oficialistas,
quedo al desnudo ante la opinión pública
una problemática que lleva mucho tiempo sin solución, pero también quedó en evidencia el reflejo
disciplinador del gobierno de Beder Herrera, quien pareciera estar cada
vez más lejos de entender o representar a una
juventud con capacidad crítica.
El origen del conflicto fue
la precariedad edilicia al que fue confinado el Magisterio, precariedad y
hacinamiento que padece desde que fuera compulsivamente reubicado fuera de la Escuela Normal, actual paseo cultural, de esto hace ya más de tres
años. Desde entonces las respuestas del
Gobierno nunca fueron de fondo, sino mas bien intentos improvisados, insuficientes para con la realidad acuciante
que padece la comunidad educativa donde se forman nada más ni nada menos que
los futuros maestros de nuestra provincia.
El pedido de las aulas sin
uso de la Escuela Normal representa una
salida natural para los estudiantes y el
inmediato final del conflicto, pero
además representa una causa más que
noble para quienes defendieron el edificio histórico del autoritarismo de quien lo convirtió en un espacio comercial. El pedido cobra
mayor sentido cuando desde
el gobierno no hay respuestas de fondo para con un problema que generó,
y el edificio histórico solo cumple un fin comercial, frivolidad que contrasta con la búsqueda de
dignidad de un sector que siente que lo única que hay son palos o indiferencia.
Decenas de movilizaciones y
abrazos simbólicos al edificio de la Normal no pudieron frenar o hacer desistir
al Gobernador de un proyecto que solo encontró legitimidad en el entramado de
intereses minoritarios que operan desde las sombras del poder.
Hoy el reclamo por más aulas
y menos comercio que hacen los estudiantes exhibe su razón desde las calles,
mientras el edificio histórico del magisterio sigue vacio por dentro, en manos de quienes pretenden hacer
de él solo objeto de consumo.
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