LA GUERRA DEL AGUA

Por Félix  R. Guerrero - La profecía de que la próxima gran guerra mundial será por el agua, que parecía tan lejana en tiempo y espacio ya está aquí, dijo un vecino autoconvocado, a sus interlocutores, en la Planta Potabilizadora del agua para el consumo humano, ubicada en el barrio La Pampa de la localidad de Anillaco.

En la tarde del jueves 5 de diciembre un grupo de vecinos, acompañados por los Concejales Alanís, Castro y Mercado, el presidente de la Unión Vecinal de Anillaco con su personal de la Planta Purificadora del agua potable de la localidad mencionada, un oficial de la Policía local, empleados del Consorcio de agua de riego, reporteros de las radios LA BOCONA y Velazco mas vecinos de la localidad, se reunieron con el propósito de interiorizarse del problema de falta de agua de consumo domiciliario que está empezando a afectar a muchos usuarios del servicio en esta localidad.

Apenas comenzó la ronda de opiniones salió a la luz el motivo principal de problema: la disputa entre una empresa que inscribió el ostentoso nombre de “Villa de los Esturiones” al establecimiento de piscicultura que se construyó durante el auge menemista y, los derechos de los ciudadanos al vital líquido.

En vista de que al parecer hay algunas entidades que desconocen esos derechos o los “olvidaron” o negociaron con toda impunidad, transcribo el espíritu de esos derechos.

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

Cuando la indignación llegó a su clímax, la  espontánea Asamblea Popular se trasladó al escenario del conflicto: el des-arenador donde se reparte el agua que va a la “Villa de los esturiones” y la que va a la planta potabilizadora, donde se sumaron los encargados y personal  la mencionada planta de piscicultura y el ingeniero Barrera del IPALAR oficiando de mediador. Allí se produjo una insólita discusión mas emparentada más con una situación de colonia bananera que de un Estado soberano: estaban en juego los derechos ciudadanos inherentes a la salud y vida de un pueblo contra el derecho de una empresa privada a producir caviar, alimento VIP, en la provincia más pobre en agua de la República. La situación quedó planteada así: o se mueren los esturiones por requerir de un mayor caudal de agua o se queda la población en grave emergencia sanitaria por falta de la misma.

Así quedó planteado el conflicto, que no será de fácil resolución, mientras no se respete la dignidad de los pueblos.