lunes, 25 de noviembre de 2013

El gobierno provincial genera una nueva crisis

El domingo 24 deberían haber asumido los nuevos diputados provinciales. Por impugnaciones de la oposición y falta de expedición de la justicia el proceso está suspendido. Mientras  tanto la provincia no tiene Función Legislativa y la democracia funciona sin uno de sus poderes constitutivos.  El Tribunal Electoral Provincial prometió dar explicaciones el martes y la Cámara Nacional Electoral aún no emitió resolución.


La elección se judicializó. El partido Fuerza Cívica Riojana presentó tres impugnaciones ante la Cámara Nacional Electoral que no se resolvieron. Cuestionan el escrutinio definitivo como fraudulento al otorgarle el triunfo al Frente Para la Victoria por 770 votos. Cuestionan al juez Luís Brizuela, hermano del candidato Pocho Brizuela, por incompatibilidad de funciones. Cuestionan al prosecretario electoral Alberto Bruno que está casado con la apoderada del FPV Sandra Vanni, actual titular de la ANSES por lo mismo.  

Como las impugnaciones fueron rechazadas FCR acudió al juez Herrera Piedrabuena, así la apelación llegó a la Cámara Nacional Electoral. Pero esta tampoco obró expeditivamente. El mundillo de los tribunales es algo casi inentendible para todos aquellos que no sean abogados o jueces, pero nos ha quedado claro que sin una resolución del conflicto en el plano del Poder Judicial no habrá Poder Legislativo.

Las aclaraciones del Tribunal Electoral Provincial llegarán el martes, donde explicarán los mecanismos y el estado en que se encuentra la elección, en palabras de Luna Corzo, presidente del organismo.

La dura realidad es que los riojanos y nuestras instituciones cabalgamos una fina línea entre las normas y el poder patentado y ejercido desde un grupo que, si quiere, respeta las leyes o no, pone candidatos testimoniales que, si quieren, asumen o no.   Después de un proceso eleccionario donde el clientelismo y la compra de votos formaron un escenario de impunidad como pocas veces pudo verse en la provincia, la falta de respeto a los ciudadanos continúa y cada día de un modo más grosero.

A 30 años de finalizada la dictadura, los procesos institucionales permanecen bajo un manto de oscuridad que no permiten un desarrollo pleno del ejercicio democrático. La Rioja se quedó sin Legislatura al vencer los mandatos de los diputados salientes y/o reelectos. Los 18 que pueden presentarse al recinto no pueden sesionar ya que la ley establece la mitad más uno para poder hacerlo.  La Rioja es hoy una provincia sin poder legislativo, sin nadie que elabore las leyes o designe a los jueces. La prepotencia y el desprecio han llevado a casi toda una generación de políticos del Partido Justicialista a dejar el cuerpo institucional y democrático de la provincia, lastimado y con muchos daños.

¿Cómo se repondrá la institucionalidad riojana de este golpe? Sin duda hay que comenzar a cambiar muchísimas cosas  y esto es responsabilidad de los partidos políticos y las demás instituciones, pero también de la sociedad que, en los últimos años se ha preocupado bastante de su presente y futuro, aunque todavía falte. En este caso nos corresponde nada más que defender las leyes básicas, como la Constitución y exigirle a los gobernantes que las cumplan. Parece una tontería, pero si los gobernantes no cumplen las leyes de la democracia se parecen cada vez más al delincuente común que busca una justificación personal para violar la ley en beneficio de sus propias ambiciones.


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